13.7.09

Preocupante situación de amenazas contra concejales en Bugalagrande

Héctor Fabio Valencia Renteria y Germán Tascón Zuleta, Presidente y primer Vicepresidente del concejo de Bugalagrande, en el centro norte del Valle, fueron declarados objetivo militar por parte de desconocidos.
Aún cuando los ediles no han querido profundizar en el tema, la Personera de Bugalagrande, Liliana González González, dijo que "efectivamente se trata de amenazas de muerte y lo hacen a través de llamadas telefónicas". "Ya se tienen muchas pistas acerca de las llamadas amenazantes y las mismas se hacen desde un centro carcelario.
"El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ya fueron informados acerca de la situación", dijo el Alcalde de Bugalagrande, Jorge Eliécer Rojas.
En Tuluá, municipio vecino de Bugalagrande, también varios concejales se encuentran con esquemas especiales de seguridad ante amenazas de muerte.
Son los ediles Orlando Gallego y Wilber Murillo, declarados también objetivo militar por parte de desconocidos, en los mismos momentos que fue asesinado el pasado 31 de abril, el vicepresidente de la corporación Carlos Alberto Wagner Valencia; en febrero del año pasado y después de un atentado a bala, debió abandonar a Tuluá el Concejal conservador Saúl Vela Gómez, quien debe de sesionar vía telefónica o por Internet-.
Ante esta incómoda y debatida situación de riesgo en la que se encuentran algunos ediles en el Valle del Cauca, la Asociación de Concejales de Colombia ha elevado un llamado al gobierno nacional para que sean custodiados estos representantes del pueblo y que ojalá se tomen las medidas necesarias para proteger la humanidad de los cabildantes de Bugalagrande antes de que sea demasiado tarde. A pesar de esta situación, los concejales continúan en su obligación constitucional y manifestaron no cesar en su interés de trabajar por las comunidades que confiaron en ellos con los votos en las urnas y esperan que el Estado les garantice tranquilidad y seguridad, al igual que para sus familias, y no suceda lo de otros municipios y departamentos, donde los concejales deben sesionar vía telefónica o a través de video conferencias, por falta de seguridad ante las amenazas proferidas.